Consejeros electorales evitaron por mayoría dar vista a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para la aplicación de sanciones a funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que no dieron información oportuna al INE en un proceso de fiscalización al PRI, y con ello afectar la relación institucional. En un proyecto que discutía el Consejo General del INE, el jueves pasado, se dio cuenta de la infracción cometida por la omisión de Jorge Alberto Selvas Rey, ex director general de Atención a Autoridades; y a Paulina Martínez Padilla y Ahinoam Jezreelita Mora Pérez, ex directoras de área en la Dirección General de Atención a Autoridades, por no dar respuesta en tiempo a la Unidad Técnica de Fiscalización como parte de un procedimiento que se desarrolló durante 2023. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral documentó, a través de diversos oficios y fechas, que los señalados respondieron tardíamente a los requerimientos que se les hizo. «De los datos contenidos se advierte que las entidades financieras proporcionaron la información a la CNBV el 28 de agosto, el 4 de septiembre y el 9 de octubre de 2023; sin embargo, envió la información a la UTF hasta el 23 y 25 de octubre de dicha anualidad. «En efecto, los requerimientos de información fueron desahogados 64 y 66 días después de la fecha en la que fueron notificadas las solicitudes por parte de la UTF a la CNBV, por lo cual, se concluye que es existente la infracción denunciada, consistente en la omisión de contestar en tiempo los requerimientos de información que le fueron formulados por la UTF», según el proyecto que fue rechazado con una votación de seis a cinco. Sin que hubiera mayor debate sobre el asunto, el consejero Arturo Chávez, ex asesor de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Gobierno de la CDMX y ex director de Talleres Gráficos de México, desestimó las conclusiones de la Unidad Técnica al pedir que se desechara el proyecto. Argumentó que la Unidad Técnica no acreditó que la entrega extemporánea de información por parte de la CNBV hubiera afectado los principios de la función electoral, los plazos de fiscalización o la definitividad del proceso, por lo que consideró injustificada la vista a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Luego dijo que era mejor tener una buena relación con la CNBV, porque está por conformarse la Comisión de Verificación de la Integridad en Candidaturas. «Iniciar esta etapa de colaboración institucional bajo este tipo de precedentes podría afectar de manera directa el entendimiento y la cooperación externa para su adecuado funcionamiento, por lo que pido se regrese a este punto para su revaloración», dijo el consejero.
Fuente: Plano Informativo
