Un grupo de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación echar abajo la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala, a la hora de votar sobre su procedencia. Seis de los padres de las víctimas, encabezados por Felipe de la Cruz Sandoval, presentaron una petición por escrito al máximo tribunal del País para pedir que revoque la sentencia dictada en 2018 por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, en la que ordenó la creación de esa comisión. «Solicitamos: declarar la improcedencia constitucional e institucional de la creación de una nueva Comisión de la Verdad, en virtud de que su ejecución material fragmentaría las investigaciones ministeriales vigentes, duplicaría funciones de laboratorios forenses y dispersaría recursos económicos indispensables para el esclarecimiento factual del caso», se lee en el escrito presentado el viernes pasado. «Revocar y corregir el criterio interpretativo de la sentencia del Tribunal Colegiado que confiere facultades extraordinarias ultra vires a la CNDH y desnaturaliza las facultades exclusivas del Ministerio Público Federal, ordenando que las reglas operativas se ciñan estrictamente a los causes que marcan la Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Victimas y los instrumentos jurídicos». La petición la suscriben Socorro Villarreal Moctezuma, Margarito Ramírez Rodríguez, Celso García Aristeo, Mario Micaela Fernández y Hugo Mora Venancio, además de Felipe de la Cruz, padre de un normalista sobreviviente. La postura de este grupo de familiares coincide con la manifestada por la Fiscalía General de la República, que considera que la creación de ese organismo sería un atentado al debido proceso. En su escrito, señalan que la nueva Comisión también ocasionaría una dispersión presupuestal y logística, ya que multiplicar ventanillas administrativas desvía recursos críticos que debieran concentrarse en consolidar las líneas de investigación pendientes. «El costo simbólico y la frustración social derivados de abrir nuevos debates de diseño institucional en lugar de consolidar la persecución penal son inaceptables para nosotros como víctimas», señalan. Además, debido a que la sentencia del colegiado establece que la Comisión debe conformarse con personal distinto al que ha estado a cargo de la investigación, la curva de aprendizaje de los nuevos responsables dilataría las indagatorias. «En la criminalística de campo, el paso del tiempo es el peor enemigo de la verdad factual. Detener la marcha de las indagatorias actuales para capacitar a un nuevo personal técnico implica dilaciones procesales que se traducen en la pérdida de vestigios materiales y en la revictimización secundaria de nosotros, los familiares, debido a la constante reiteración de entrevistas y testimonios», explicó. «En el ordenamiento jurídico mexicano, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) ya ejercen de forma especializada la concentración de peritajes forenses, análisis de metadatos, testimonios bajo criterios de oportunidad y líneas de investigación de contexto. Superponer una nueva estructura formal generaría… patologías institucionales». El 31 de mayo de 2018 el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó crear una nueva comisión para indagar el Caso Iguala y precisó que debía integrarse por representantes de las víctimas, la CNDH y la FGR. A diferencia de comisiones de la verdad de otros países, este nuevo organismo no sería sólo un mecanismo para construir la memoria histórica de un caso específico, sino un instrumento que sustituiría a la Fiscalía en la investigación y el ejercicio de la acción penal. Después de 8 años de litigio, el pasado 7 de julio la Corte acordó revisar en última instancia si debe o no ser instalada dicha Comisión. Piden nuevas medidas Los familiares también pidieron a la Corte ordenar un paquete de medidas técnico-jurídicas para reconducir las investigaciones bajo un estricto apego a la legalidad, al orden constitucional y a la jurisprudencia interamericana. Según el escrito, las medias son dotar a la UEILCA y a la CoVAJ de mayores recursos, autonomía técnica operativa y el establecimiento de cronogramas con plazos procesales fatales para el desahogo de las líneas de investigación pendientes. También, adoptar obligatoriamente el Protocolo de Minnesota para aplicarlo a cada hallazgo forense de restos óseos; y el Protocolo de Estambul, para cada alegato de coacción. Otras sugerencias son la aplicación de dichas metodologías forenses con la participación de expertos internacionales independientes y constituir una célula de peritos internacionales y fiscales dedicada sólo a la depuración probatoria y al blindaje de la cadena de custodia. Adicionalmente, buscar audiencias judiciales periódicas para que los jueces supervisen plazos y avances de la investigación; implementar un marco de protección a testigos y victimas, y establecer convenios internacionales pata auditar las metodologías de análisis de datos y la validez técnica de los hallazgo científicos.
Fuente: Plano Informativo
