La estatización del litio, decretada en 2022, ya provocó una nueva demanda arbitral contra el Estado Mexicano por violar derechos de empresas extranjeras. La firma inglesa Cadence Minerals y su filial REM Mexico Limited iniciaron el pasado 24 de julio un arbitraje contra México por la cancelación de las nueve concesiones para el proyecto Sonora Litio. Las empresas alegan actos expropiatorios contrarios al Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones firmado en 2006 entre México y el Reino Unido. La demanda fue presentada ante el Centro Internacional para Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Se desconoce públicamente el monto de indemnización reclamado por las empresas. Es la tercera demanda arbitral contra México por la cancelación del proyecto en Sonora, en el que Cadence era dueña del 30 por ciento, mientras que el 70 por ciento era propiedad de la empresa china Ganfeng International Trading. Esta última inició su propio arbitraje ante el CIADI en junio de 2024, y aunque tampoco se conoce el monto reclamado, Ganfeng informó en su reporte anual de 2025 que el «valor de recuperación» del proyecto en Sonora era de unos 218 millones de dólares. Adicionalmente, la familia inglesa Orr-Ewing presentó, en junio de 2025, su propia demanda contra México ante el CIADI, pues alega tener derechos patrimoniales en Sonora Litio, ya que uno de sus integrantes fue presidente de la desarrolladora del proyecto. Desde marzo pasado, Cadence había anunciado a sus inversionistas que ya contaba con los fondos necesarios para financiar el arbitraje, un proceso complejo y costoso que usualmente se prolonga durante al menos dos a tres años. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador estatizó el litio mediante una reforma de abril de 2022 a la Ley Minera en la que se reservó su exploración y explotación a una nuevo órgano descentralizado, Litio para México (LitioMX), que, a cuatro años de su creación, funciona con cinco empleados y no desarrolla proyecto alguno.
Fuente: Plano Informativo
