El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acusó a Morena de buscar el control de las redes sociales mediante los Lineamientos Generales para Garantizar los Derechos de las Audiencias, como parte de una ruta autoritaria para reducir las libertades, silenciar las críticas y controlar la conversación pública en México. «Ninguna regulación puede utilizarse para censurar opiniones, retirar contenidos críticos o perseguir a quienes cuestionan al poder. Una cosa es proteger a las personas frente a fraudes, violencia y delitos digitales, y otra muy distinta darle al Gobierno la facultad de decidir qué puede publicarse, qué debe eliminarse y quién tiene derecho a ser escuchado», sostuvo. Romero Herrera alertó que el intento de controlar las redes sociales no es un hecho aislado, sino una acción más dentro de la ruta autoritaria que Morena ha seguido para concentrar el poder, debilitar los contrapesos y reducir los espacios desde los cuales la ciudadanía puede cuestionar al gobierno. «Primero atacaron a los organismos autónomos, después debilitaron al Poder Judicial, todos los días desacreditan a periodistas y opositores desde la mañanera y ahora pretenden controlar lo que los mexicanos dicen en las redes sociales. La censura es una pieza más del proyecto de Morena para completar una dictadura en la que el gobierno decida qué se puede decir, quién puede expresarse y cuál debe ser la única versión de la realidad», afirmó. El dirigente nacional del PAN alertó que permitir que las autoridades determinen unilateralmente qué información es verdadera, falsa o inconveniente abriría la puerta a una aplicación política y discrecional de la ley. «El gobierno no puede ser juez y parte. No puede imponer su propia versión de los hechos y después utilizar el aparato del Estado para desacreditar, perseguir o silenciar a quienes piensan diferente», señaló. Indicó que una muestra clara de este ejercicio de poder ocurre diariamente en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde donde se desacredita a periodistas, ciudadanos y opositores con información presentada por el propio gobierno, sin que las personas señaladas cuenten con condiciones equivalentes para ejercer su derecho de réplica. «La mañanera se ha convertido en un tribunal político sin derecho de réplica. Desde el poder se acusa, se descalifica y se pretende imponer una verdad oficial. Ese no es el comportamiento de un gobierno democrático que respeta las libertades», aseveró.
Fuente: Plano Informativo
