Frente al clima de violencia y polarización en diversas regiones del País, el INE reforzó las medidas ante situaciones «extraordinarias» que compliquen o impidan la instalación de casillas en la elección del 2027. En junio del próximo año, el organismo electoral prevé instalar 176 mil 741 casillas en todo el País, 6 mil 560 más que en 2024. Ese año, los ciudadanos no sólo votarán por diputados federales, sino también por 19 mil 609 cargos locales. La Comisión de Organización del INE aprobó una guía de actuación pues, reconoce, enfrenta «retos crecientes» para realizar las elecciones, a causa de conflictos sociales, territoriales, políticos y de seguridad en diversas regiones del País. Tras las elecciones de 2024 y 2025 se advirtió que el Instituto carecía de una herramienta homologada para orientar la toma de decisiones en conflictos derivados de nuevos límites territoriales. Así como en protestas por demandas sociales, por pugnas entre grupos criminales o inseguridad, y por enfrentamientos entre pueblos originarios o comunidades indígenas. El personal del INE en todo el País, así como el de los OPLES, deberán identificar las secciones electorales que puedan representar algún conflicto e informar a su superior. Se recopilará información sobre las causas del conflicto o la situación que impera y se elaborará un reporte que indique si en procesos anteriores fue motivo de cancelación de elecciones o de casillas. Se solicitará apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales para la prevención y contención del problema. De ser necesario, aclara, se pedirán encuentros con los gobernadores, secretarios o directores involucrados. Además, buscan garantizar la seguridad de más de 51 mil supervisores y capacitadores, quienes son la columna vertebral de la elección, pues se encargan de buscar y capacitar a los funcionarios de casilla, por lo que se valorará el «tipo de acompañamiento a solicitar a las autoridades de seguridad pública», en las actividades de campo. «Agotadas las acciones de comunicación, colaboración y mediación y en caso de no identificar una posible solución, se debe valorar aplicar alguna medida alterna que permita garantizar el ejercicio del voto de la ciudadanía de las secciones afectadas, estableciendo para ello tiempos máximos de respuesta, que permitan la atención oportuna y generar acciones de la situación extraordinaria», indica. Por ejemplo, si 30 días antes de la jornada electoral no hay solución, se deberán contemplar casillas especiales o enviar a los electores a otra sección cercana. Además de que 15 días antes la población afectada deberá estar informada de los cambios. También piden «visitas» para dialogar con la ciudadanía y recabar información de lo que se vive en cada pueblo o comunidad, siempre y cuando existan condiciones de seguridad para los funcionarios. Se aclara que la información será exclusivamente para determinar si existen condiciones para instalar casillas, no para realizar un diagnóstico sobre la seguridad en el País. También deberán existir mesas de trabajo con comunidades indígenas. «La finalidad es evitar que nuestros órganos desconcentrados tengan que improvisar cuando se presente una situación extraordinaria. La guía surge de experiencias específicas y reiteradas de procesos anteriores», indicó el consejero Martín Faz.
Fuente: Plano Informativo
