El estado de Nuevo México demandó este miércoles al fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, y al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para exigir la entrega de archivos sin censura relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein y su propiedad Zorro Ranch, al considerar que la retención de esos documentos está obstaculizando las pesquisas estatales. La demanda, presentada ante un tribunal federal en Washington, sostiene que el Departamento de Justicia incumplió sus obligaciones al negar el acceso a documentos que, según Nuevo México, son relevantes para avanzar en la investigación estatal sobre las acusaciones de abuso y explotación sexual vinculadas a Epstein. El escrito judicial afirmó que la negativa federal está «impidiendo que el estado lleve a cabo una investigación criminal completa» y dificulta la identificación de posibles víctimas, testigos y otros responsables. El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, argumentó en la demanda que el Departamento de Justicia retiene información que podría ser clave para esclarecer lo ocurrido en Zorro Ranch, ubicada en el condado de Santa Fe. «El Departamento de Justicia está obstaculizando nuestra investigación criminal al negarse a proporcionar los archivos sin censura de Epstein», señaló el escrito presentado ante el tribunal federal de Washington. Según la demanda, las autoridades federales pidieron en 2019 a Nuevo México que suspendiera sus propias pesquisas sobre Zorro Ranch mientras avanzaba una investigación federal, con el compromiso de compartir posteriormente la información recopilada. El estado sostuvo que esa colaboración nunca llegó y que el DOJ mantiene bajo reserva documentos que podrían ayudar a avanzar en la investigación. La acción contra Blanche se produce mientras el Senado mantiene pendiente su confirmación permanente. Algunos legisladores republicanos han cuestionado su papel en el intento de crear un fondo de 1.800 millones de dólares para compensar a personas que alegaban haber sido víctimas de una supuesta «politización» del sistema judicial, una iniciativa que generó críticas por el posible beneficio a aliados del presidente estadounidense, Donald Trump.
Fuente: Plano Informativo
