La alianza opositora Libre, del expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga, presentó este viernes ante la Fiscalía General de Bolivia una acusación contra el exmandatario Evo Morales por «delitos de lesa humanidad» en un polémico caso de «terrorismo» durante su gobierno en 2009. El diputado Antonio Pino, en representación de Libre, entregó la acusación en el Ministerio Público, en busca de iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales (2006-2019) y el exvicepresidente Álvaro García Linera. Pino declaró a los medios que Morales «tiene que responder» por los «hechos en contra de los derechos humanos» registrados en este caso porque, según dijo, hubo «ejecuciones sumarias» y se ha «asesinado a tres personas, pero además se ha sometido a detenciones ilegales y hasta torturas». «Son delitos de lesa humanidad (…) Estamos presentando un legajo importante de pruebas donde constan declaraciones, artículos de prensa y el informe de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)», agregó. El documento de la «proposición acusatoria» atribuye a Morales y García Linera «responsabilidad penal directa por la decisión, transmisión y conducción política del operativo ejecutado el 16 de abril de 2009» en el hotel Las Américas, en la ciudad oriental de Santa Cruz, y «por los resultados ilícitos producidos dentro de la estructura estatal activada a partir de esa decisión». Si la Fiscalía admite la proposición, el caso pasará al Legislativo, donde necesita el apoyo de dos tercios. Si es aprobado por los parlamentarios, los exmandatarios serán juzgados por el Tribunal Supremo boliviano. En abril de 2009, una operación policial en el hotel Las Américas se saldó con tres extranjeros muertos, incluido el irlandés Michale Dwyer, y la detención del croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de Santa Cruz y atentar contra el entonces presidente Morales. En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas. Como ya habían cumplido su condena estando en detención preventiva, ambos abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad. Las 39 personas procesadas en este caso denunciaron que el entonces Gobierno de Morales lo inició por motivos políticos para acallar a líderes opositores de Santa Cruz. El caso se cerró en 2020 con la absolución de todos los acusados que seguían procesados, tras retirar sus acusaciones el entonces Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, detractor de Morales, y la Fiscalía boliviana. En 2022 se conoció un informe de la CIDH, tras una petición formulada por el abogado Gerardo Prado Herrera y por la madre de Dwyer. En ese informe, la CIDH concluyó que «el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial» en perjuicio «de las víctimas identificadas» en el documento.
Fuente: Plano Informativo
