El Senado de Paraguay convocó este viernes al presidente Santiago Peña a acudir hoy mismo al Legislativo para enfrentar su juicio político tras rechazar un pedido de prórroga solicitado por el mandatario para comparecer en medio de la crisis desatada por la intervención del Ueno bank, entidad con la que ha sido vinculado. Con una votación de 3 votos a favor y 39 en contra, el Senado, que controla el oficialismo, negó la prórroga de 72 horas solicitada por Peña y le instó a presentar su defensa ante el pleno en los próximos 30 minutos, mientras la sesión entró en receso a la espera de la llegada del jefe de Estado. El mandatario dijo más temprano que no puede defenderse en las 12 horas otorgadas por el Congreso y advirtió que «eso no es debido proceso». «Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos (…). Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles», aseguró en X, donde difundió una carta que envió con su solicitud al presidente del Senado, el oficialista Basilio Núñez. Paraguay atraviesa por una crisis política después de que el Banco Central (BCP) ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, una institución que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas. El BCP detectó que el índice de solvencia del banco, que controlaba los recursos de más de 2,9 millones de clientes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, «como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización». Peña permanece formalmente en la Presidencia, después de que el Congreso no aceptara la renuncia que presentó la víspera en medio del debate de los diputados para formalizar el comienzo del juicio político. El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, «salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables». Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin el aval del Senado.
Fuente: Plano Informativo
