Una nueva subasta de un cuadro de Frida Kahlo reenciende el debate sobre la capacidad de las autoridades para resguardar el patrimonio artístico nacional. Se trata de Congreso de los pueblos por la paz (1952), un óleo sobre masonita que la casa británica Christie’s ha incluido en su 20th Century Evening Sale, a realizarse este martes en Nueva York, con un precio estimado de entre 2.5 y 3.5 millones de dólares; hasta 64.8 millones de pesos. Sin embargo, en abril del año pasado, la promotora cultural Hilda Trujillo la enlistó entre una serie de piezas que presuntamente habrían sido sustraídas del Museo Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul, en algún momento de su historia. «Sí, se perdió la obra, y es porque hay malos manejos», expresó entonces Trujillo (REFORMA, 3/04/2025), quien desde 2002 y hasta octubre de 2020 estuvo al frente tanto de la Casa Azul como del museo Anahuacalli, ambos dependientes de un Fideicomiso del Banco de México. Según dio a conocer en su sitio www.hildatrujillo.blog, entre 1953 y 1957 Diego Rivera elaboró los listados de obras de la Casa Azul y el Anahuacalli. Congreso de los pueblos por la paz aparece en dicho inventario, como se aprecia en una de las imágenes con que Trujillo acompañó su amplia denuncia pública. «Tras ese proceso de catalogación, se conformaría la donación de Rivera al ‘Pueblo de México’, materializada mediante la creación, ante notario público, de un Fideicomiso bajo la tutela del Banco de México», expuso la ya entonces encargada del área de Cultura en la Alcaldía Coyoacán. «El documento notarial estableció qué bajo ningún motivo ni pretexto, los objetos pertenecientes al patrimonio podrían ser extraídos de los recintos. Es decir, que no podrían salir de ahí ni siquiera para exposiciones ni bajo ninguna otra circunstancia», añadió en su desplegado. De acuerdo con Trujillo, un estudio comisionado en 2011 por Carlos Phillips Olmedo, director general de los museos en cuestión, reveló la ausencia de obras que posteriormente serían identificadas en colecciones particulares, sobre todo en Estados Unidos, entre ellas Congreso de los pueblos por la paz. «Si era un patrimonio fideicomitido y estaba en la Casa Azul, ¿cómo es que ya no está? Eso es lo primero que habría que verificar», apunta en entrevista el abogado Luis Cacho, experto en derecho cultural. Cuestionada en su momento sobre cómo creía que había sucedido el saqueo de las piezas, Trujillo -quien rechazó hacer comentarios respecto a la subasta de este martes- respondió: «No estoy diciendo que Carlos o el banco se las hubieran robado, ni mi personal o yo (…) Cuando empiezan a aparecer en los catálogos de exposiciones internacionales o nacionales esas obras, te das cuenta que fue mucho antes de que llegara yo». En 1988, la especialista Helga Prignitz Poda ya atribuía la propiedad de Congreso de los pueblos por la paz a la galería neoyorquina Ramis Barquet. Luego, en junio de 2020, la pieza fue subastada por Sotheby’s, y ahí habría sido adquirida por su actual propietario, de acuerdo con el sitio en línea de Christie’s. INBAL, ‘de la vista gorda’ Al advertir sobre la subasta en una carta titulada «Otra Frida que se nos va», el Colectivo Defendamos la Colección Gelman reprobó «la colusión del INBAL» para permitir la salida indefinida de obras con declaratoria de Monumento Artístico, acusando a la titular de dicha dependencia, Alejandra de la Paz, de actuar indebidamente por omisión. «Simplemente, se hace de la vista gorda frente a lo que es un claro delito contra la propiedad de la Nación. La subasta de esta obra, que pertenece al pueblo de México, no puede llevarse a cabo. Es realmente indignante que nuestras autoridades lo permitan», criticó el Colectivo. El INBAL, a través de una nota informativa publicada en su cuenta de X este lunes por la mañana, señalaría que Kahlo pintó en octubre de 1952 el cuadro donado al Congreso de la Paz. Y también que dicho trabajo salió de México más de tres décadas antes de la publicación, en 1984, del decreto que declaró Monumento Artístico la obra de la pintora. «En casos anteriores, el INBAL ha precisado que la prohibición de exportación definitiva se aplica a las obras que se encontraban en territorio nacional al momento de publicarse el decreto», refirió la dependencia. «Asimismo, como parte de su protocolo de seguimiento, el INBAL, a través de su área jurídica, solicitó a Christie’s la documentación que acredite la procedencia y la propiedad de la obra». El Colectivo exigió al INBAL demostrar con documentación lo afirmado, «y que lo haga antes de que se venda la obra, no después». ¿Y la FGR? Que en lo tramitado por Rivera se usara la expresión «para beneficio del Pueblo de México» no quiere decir que la obra en cuestión se haya transferido al Estado mexicano, precisa Cacho. «Jurídicamente, no fue así. Se estableció el fideicomiso y son obras que están fideicomitidas, que están aportadas al patrimonio del fideicomiso. No se hizo una transferencia ni al pueblo de México como fideicomisarios, ni al Estado mexicano ni nada de eso», remarca el abogado que se ha desempeñado como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura. «Exportar una obra Monumento Artístico, como son todas las obras de Frida, es un delito si no se tiene la autorización debida del INBAL. (Pero en este caso), la obra se puede vender porque es propiedad privada, no es propiedad del Estado mexicano; se puede vender como cualquier bien», añade Cacho, descartando que pueda hablarse de un delito contra la propiedad de la Nación. A percepción del especialista, lo esencial es poder definir en qué época salió y cómo salió del País la obra a subastarse, así como quién es el propietario actual y cómo acredita su propiedad; «si es como lo dice el INBAL, y la obra está desde los 50 fuera de México, es de suponerse que a lo mejor ni siquiera estuvo en algún momento en el acervo de la Casa Azul», plantea Cacho. «Lo que podría hacer el INBAL es presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), que sí tiene facultades de investigación. Si la obra resultó robada del acervo de la Casa Azul, entonces sí es un delito previsto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, un delito que se persigue por denuncia. «Le correspondería a la Fiscalía iniciar una carpeta de investigación y hacer todas las diligencias necesarias para acreditar si existió o si puede existir un robo de un Monumento Artístico, como podría resultar esta obra de Frida. A la FGR le corresponde investigar y recabar las pruebas que sean necesarias para, en su caso, judicializar el asunto», subraya Cacho.
Fuente: Plano Informativo





