Ciudad Victoria, Tamaulipas/ Lupita Domínguez González
Una jueza civil, un secretario de acuerdos y un notario público fueron señalados por presuntamente intervenir en un procedimiento que derivó en la retención de una camioneta Jeep Wagoneer, cuya documentación habría presentado irregularidades, según la denunciante.
Mayela de Jesús Carranco Narváez acusó a su exsocio, Ricardo Casanova Márquez, de presuntamente utilizar documentos cuestionados para obtener el control de la unidad, con la supuesta intervención de la jueza Liliana Raquel Peña Cárdenas, el secretario Anastacio Martínez Melgoza y el notario Claudio Díaz Flores.
Entre las principales anomalías denunciadas figura la presunta falsificación de la firma de Carranco Narváez en el endoso de la factura original del vehículo, documento que, según su versión, habría sido utilizado durante el procedimiento judicial.
La denunciante también cuestionó otra factura incorporada al expediente, pues sostiene que habría sido alterada mediante la adición de un cero, modificando así la cantidad originalmente consignada. La autenticidad de esos documentos deberá esclarecerse.
Respecto al notario Claudio Díaz Flores, Carranco Narváez señaló que habría certificado una firma cuya autenticidad pone en duda. Al secretario de acuerdos le atribuyó una presunta participación en las irregularidades relacionadas con el trámite judicial.
La jueza Peña Cárdenas también fue señalada porque, de acuerdo con la denunciante, habría ordenado a Tránsito Municipal localizar y detener la camioneta con base en la documentación presentada por su contraparte.
La medida se ejecutó el 15 de octubre en las instalaciones de una agencia Chrysler, según la información proporcionada por Carranco Narváez. La legalidad de las actuaciones deberá determinarse mediante la revisión de las constancias correspondientes.
Otro punto controvertido es la presunta dispensa de una garantía económica para responder por posibles daños y perjuicios. La denunciante sostiene que Casanova Márquez pidió no otorgarla y que la jueza aceptó esa solicitud.
La procedencia de dicha garantía y las condiciones para dispensarla deberán analizarse conforme a las disposiciones aplicables y al expediente civil, sin que las afirmaciones de la denunciante acrediten por sí mismas responsabilidades.
El caso trasciende en un contexto de atención pública al Poder Judicial estatal, días después del primer informe de resultados de su presidenta, Tania Contreras López, quien destacó avances en eficiencia y acciones contra las malas prácticas.
Peña Cárdenas fue electa durante el proceso electoral judicial pasado. Sin embargo, los señalamientos formulados en su contra, así como contra el secretario y el notario, no equivalen a una resolución sobre su responsabilidad.
La disputa por el vehículo ocurrió después de que Carranco Narváez denunciara a Casanova Márquez ante la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por hechos que podrían constituir lavado de dinero.
La denuncia quedó registrada con el número de carpeta FGJT/FEIDAI/VIC/UEORPI/00002/2026. Hasta el cierre de esta información, no se contaba con la postura de las personas señaladas, cuyas versiones serán relevantes para esclarecer los hechos.
