Ciudad Victoria, Tamaulipas/ Lupita Domínguez González
El acceso a servicios públicos de calidad para niñas, niños y adolescentes podría convertirse en una obligación legal para autoridades estatales y municipales, tras una iniciativa presentada en el Congreso del Estado por la diputada Katalyna Méndez Cepeda.
La legisladora local planteó reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tamaulipas con el propósito de fortalecer las condiciones de bienestar y desarrollo para la población infantil.
“Los problemas se conocen en la calle y directamente con las personas; ahí es donde escuchamos, nos comprometemos y resolvemos. La gente nos pide calles seguras, limpias e iluminadas”, expresó.
Desde la máxima tribuna legislativa, Méndez Cepeda sostuvo que la transformación social de las comunidades no puede consolidarse sin infraestructura urbana adecuada que garantice condiciones dignas para las familias.
Explicó que servicios como agua potable, drenaje sanitario, pavimentación, recolección de basura y alumbrado público representan elementos fundamentales para el desarrollo integral y la calidad de vida.
“Hoy es urgente que hablemos de servicios públicos de calidad como una garantía de bienestar humano, porque lo que no se menciona no existe”, afirmó.
La iniciativa contempla adicionar un segundo párrafo al artículo 29 de la legislación vigente, estableciendo la obligación de promover servicios eficientes, accesibles, inclusivos y orientados al interés superior de la niñez.
La diputada destacó además que la participación de las mujeres resulta fundamental en la construcción de políticas públicas enfocadas en mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.
“Las mujeres victorenses hoy levantamos la mano y somos clave para edificar la ciudad que todos merecemos. Es tiempo de mujeres”, señaló.
Finalmente, Katalyna Méndez convocó a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso a respaldar la propuesta y trabajar de manera conjunta en favor de la infancia tamaulipeca.
La legisladora argumentó que mejorar la infraestructura urbana genera seguridad, atrae inversiones, impulsa el empleo y fortalece el bienestar de las familias, creando un círculo virtuoso de desarrollo social.
