Ciudad Victoria, Tamaulipas/ Lupita Domínguez González
En Tamaulipas, más de mil personas esperan sentencia en cinco sedes judiciales, mientras autoridades reconocen que el rezago responde a factores diversos del sistema penal.
La magistrada presidenta del Poder Judicial, Tania Gisela Contreras López, explicó que el atraso no depende únicamente de la carga laboral, sino de conductas procesales recurrentes.
“En muchos casos hemos identificado que las propias personas imputadas utilizan como estrategia la dilación del proceso para alargar la emisión de sentencias”, señaló la funcionaria estatal.
Detalló que, ante este panorama, se ha instruido a jueces fortalecer la programación de audiencias, evitando aplazamientos injustificados que retrasen el desarrollo normal de los procedimientos.
La magistrada presidenta enfatizó que justificantes médicos suelen emplearse para diferir audiencias, aunque en ocasiones no representan impedimentos reales para comparecer ante los tribunales correspondientes.
“Se les ha pedido a los jueces ser firmes en el señalamiento de audiencias para garantizar que se celebren, aun cuando existan argumentos que no justifican plenamente la inasistencia”, afirmó.
Respecto a casos de exfuncionarios, la magistrada evitó pronunciarse sobre expedientes específicos, pero reiteró que existe una política institucional de revisión estricta en cada proceso judicial.
Asimismo, aseguró que no se tiene conocimiento de actos de corrupción en la actual administración, aunque cualquier indicio sería turnado de inmediato al Tribunal de Disciplina.
“Si existiera algún hecho de corrupción, se actuaría de manera inmediata; no tenemos reportes actuales, pero hay mecanismos claros para investigar y sancionar cualquier irregularidad”, sostuvo.
En materia de certeza jurídica, destacó la implementación de sentencias con códigos QR, herramienta que permite a notarios verificar la autenticidad de resoluciones judiciales.
La medida, aplicada desde finales de marzo, surgió en colaboración con el Colegio de Notarios y busca frenar intentos de fraude detectados en regiones como Reynosa y el sur estatal.
“Esta herramienta fortalece la certeza del patrimonio de las personas y permite detectar irregularidades; incluso ya hay procedimientos iniciados y sanciones en trámite contra quienes incumplen la ley”, puntualizó.
