Una regulación de contenidos de radio y televisión vinculada al Ejecutivo federal puede convertirse en un mecanismo de censura o autocensura, concluyó la Fundación Miguel Estrada Iturbide en un análisis que compartió con los grupos parlamentarios del PAN. De acuerdo con ese análisis, la emisión de los lineamientos sobre los derechos de las audiencias en la antesala del proceso electoral «y los escándalos en los que se han visto envueltos personajes de Morena, repercutirá directamente en la información que reciban los ciudadanos». El anteproyecto presentado, se señala en el documento,»obliga a los concesionarios y programadores a emitir códigos de ética, designar defensorías de las audiencias, establecer procedimientos de queja y atender las recomendaciones emitidas. «Cuando un medio no atienda una recomendación, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estará facultada para intervenir y, en su caso, aplicar las sanciones previstas en la legislación. «Las críticas no se concentran en negar los derechos de las audiencias, sino en la amplitud de los conceptos utilizados, la falta de autonomía constitucional de la autoridad reguladora, la posible subordinación de las defensorías, la incertidumbre del régimen sancionador y el riesgo de que el Gobierno federal termine calificando administrativamente la veracidad, oportunidad o contextualización del trabajo periodístico», ponderan los autores. La principal advertencia, observaron, es que una regulación diseñada para proteger a las audiencias puede convertirse en un mecanismo de censura indirecta o autocensura cuando permite que una autoridad vinculada al Ejecutivo Federal revise contenidos, reciba inconformidades, cuestione decisiones editoriales e imponga consecuencias económicas bajo conceptos abiertos. Con base en el análisis, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (la que fue expedida en 2013 había incorporado los derechos de las audiencias) «únicamente atribuye a la Comisión una facultad regulatoria general (registro de código de ética y defensoría de audiencia), pero no le confiere competencia para resolver controversias individuales ni para revisar las determinaciones de las defensorías». La Comisión Reguladora, se señala en el análisis, «asumió funciones que anteriormente ejercía el Instituto Federal de Telecomunicaciones. A diferencia de éste, no cuenta con autonomía constitucional, circunstancias que ha dado lugar a cuestionamientos respecto de la independencia con la que ejercerá sus atribuciones regulatorias, al formar parte de la Administración Pública Federal y por el hecho de que su Presidenta fue nombrada por la titular del Ejecutivo Federal de entre los comisionados ratificados por el Senado y que ella misma propone». Desde la perspectiva del análisis, «toda restricción debe ser posterior, excepcional, necesaria, idónea y proporcional. Las defensorías y la CRT no deberían autorizar, cancelar o condicionar contenidos antes de su difusión. (…) Los derechos de las audiencias no sólo protegen contra engaños; también garantizan pluralidad y acceso a opiniones diversas, incluso incómodas, ofensivas o impopulares». Por añadidura, según se advierte, la ley no faculta a la Comisión para actuar como ente revisor de la resolución de las recomendaciones o propuestas que emita el defensor de la audiencia. «Además, el artículo 250 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece los derechos de las audiencias, y en ninguno de ellos se establece el derecho a regular la veracidad de la información que recibe, por lo que lo previsto en los artículos 12 y 18 fcc I inciso b), de los lineamientos respecto de la obligación de los sujetos obligados a adoptar medidas necesarias para no difundir información falsa o descontextualizada, van más allá de la materia de regulación de los lineamientos, lo cual ve en contra del principio de legalidad. «La protección de las audiencias no debe traducirse en mecanismos de censura indirecta. Las defensorías deben funcionar como instancias de mediación y rendición de cuentas una vez difundidos los contenidos, sin facultades para autorizarlos, condicionarlos o cancelar su transmisión». Acusa PAN intento de controlar la libertad de expresión El Partido Acción Nacional (PAN) rechazó los lineamientos con los que el Gobierno pretende regular los derechos de las audiencias. «Los intentos por controlar o limitar la libertad de expresión en redes sociales representan una amenaza para la democracia mexicana y para uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía», advirtió el dirigente, Jorge Romero. «Los gobiernos autoritarios comienzan restringiendo la crítica, desacreditando a quienes piensan distinto y buscando controlar los espacios donde las y los ciudadanos pueden expresarse libremente». Desde la perspectiva del dirigente opositor, «la libertad de expresión no pertenece al gobierno; pertenece a los mexicanos, por lo que ninguna autoridad puede decidir qué opiniones son aceptables y cuáles deben ser silenciadas. «Las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios para el debate público, la denuncia ciudadana y la rendición de cuentas, por lo que cualquier intento de censura representa un retroceso democrático. «Cuando un gobierno pretende controlar la conversación pública, lo que realmente busca es evitar el escrutinio de la ciudadanía. La censura nunca resuelve los problemas, únicamente intenta ocultarlos». En esa tónica, Romero prometió que Acción Nacional «defenderá el derecho de periodistas, ciudadanos, creadores de contenido, académicos y de todas las personas a expresarse libremente, sin presiones ni amenazas provenientes del poder. «La democracia no sólo se defiende en las urnas, sino también garantizando que todas las voces puedan ser escuchadas, incluso aquellas que resultan incómodas para quienes gobiernan». Preocupado por los lineamientos, Romero alertó que México se está acercando peligrosamente al modelo de países autoritarios donde el gobierno controla la conversación pública, persigue las voces críticas y convierte la información oficial en la única verdad permitida. «Ese camino siempre comienza desacreditando a periodistas y opositores, y termina silenciando a la ciudadanía. Nos encaminamos a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua en donde se mantiene un férreo control estatal de los medios de comunicación, se ha normalizado la censura en emisoras de radio y canales de televisión».
Fuente: Plano Informativo
