Bajo la bandera de defender a las audiencias, los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación buscan constituirse en un «tribunal de la verdad» para decidir, según sus propios intereses, qué información es veraz y objetiva, advirtió Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19. En entrevista con REFORMA, el activista y recién nombrado Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión señaló que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, sometidos a consulta pública por el Gobierno federal, colocan a México a la par de países autocráticos como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Sudán, Malasia y Tailandia. Maldonado afirmó que detrás de la propuesta dada a conocer este lunes por la Presidenta Claudia Sheinbaum existe una clara voluntad censora. La medida, dijo, forma parte de una escalada sistemática de presión y hostigamiento hacia la prensa que inició con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la sección «Quién es quién en las mentiras», y que continúa en la actual administración con espacios como «Infodemia» y «Derecho de Réplica». El trasfondo, alertó, es que el Estado pretende arrogarse el papel de árbitro de la verdad periodística, atentando de forma directa contra el derecho de la ciudadanía a recibir información plural, variada y con rigor objetivo. Aunado a esto, las sanciones prevén multas económicas desproporcionadas de hasta el 1 por ciento de los ingresos acumulables anuales de las empresas de comunicación. De acuerdo con Maldonado, este castigo financiero resulta suficiente para doblegar a los concesionarios e incentivar una política de autocensura y control editorial en favor de la línea oficial. -¿Consideras que estos lineamientos pueden restringir la libertad de expresión? Es un planteamiento muy preocupante porque provienen de un organismo del Ejecutivo federal (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones); reiteramos nuestra posición de que no cuenta con las mínimas condiciones de independencia e imparcialidad. Pero, suponiendo que lo fuera, la materia y la forma en que pretenden regular es alarmante. Sobre todo en el artículo 12, el cual establece que los concesionarios de radio y televisión no pueden emitir información descontextualizada o falsa, ni presentar hechos pasados como presentes. Ahí surge la duda: ¿quién definirá cuándo la información no es verídica o no está verificada? El propio Gobierno federal. La Ley de Telecomunicaciones sólo ordena a los concesionarios crear la figura del defensor de las audiencias y un código de ética. Sin embargo, estos lineamientos introducen un procedimiento no previsto en la ley: cualquier persona que sienta que no recibe información veraz u objetiva puede quejarse ante el defensor y, si se inconforma, acudir a una instancia superior: la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. En los hechos, erigen a esta Comisión como un tribunal de la verdad y un verificador de noticias, y ya vimos que esas experiencias no acaban bien. Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han hecho esfuerzos de supuesto fact-checking que terminaron mal -recordemos Quién es quién en las mentiras, Infodemia y ahora la sección de Derecho de Réplica-. Parten de la premisa equivocada de que el Estado puede decretar qué es verdad y qué es mentira. Antes estigmatizaban y descalificaban; ahora podrán aplicar sanciones desproporcionadas. Solo con la entrada en vigor de estas normas, podemos prever un efecto inhibitorio o de autocensura. -¿Estarían los medios con la daga sobre el cuello? Por supuesto, y no es necesario que sancionen a nadie. Al momento en que entren en vigor con estas deficiencias, los propios dueños de los medios se van a alinear. Nadie querrá pagar una multa que puede ir del 0.1 al 1 por ciento de sus ingresos anuales acumulables. Esto genera una censura indirecta: sin necesidad de presión explícita del Gobierno, la sola vigencia del reglamento bastará para que las líneas editoriales se ajusten a los intereses del oficialismo. -¿En alguna otra parte del mundo existen legislaciones de este tipo? Sí, pero no en contextos precisamente democráticos. Bajo el pretexto del combate al terrorismo, la desinformación o la protección de la infancia -objetivos en apariencia legítimos-, se termina instrumentalizando la norma para censurar. Ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero también en Sudán, Malasia y Tailandia. Nuestros referentes con marcos regulatorios similares no son democráticos; utilizan una causa noble con intenciones censoras. -Con estos antecedentes, ¿los lineamientos esconden una voluntad censora? Nos parece que sí y, desafortunadamente, generan una falsa disyuntiva entre libertad de expresión y derechos de las audiencias. Revelan una falta de comprensión sobre la complejidad de la libertad de expresión, que entraña el derecho a buscar y difundir información, pero también a recibirla. Instrumentalizando los derechos de las audiencias, el resultado final será perjudicarlas: no tendrán medios plurales ni información veraz, sólo la que el Gobierno autorice o no sancione. -En los gobiernos democráticos, ¿cómo funcionan estos derechos? Hay mecanismos muy variados. La mayoría de los sistemas democráticos apuestan por la autorregulación en radio y televisión -sacando de esta ecuación redes sociales y plataformas, que responden a otra lógica-. Los medios tradicionales cuentan con la posibilidad de autorregularse o con asociaciones que realizan revisiones éticas de casos específicos, como en Inglaterra; es decir, una supervisión horizontal entre iguales, no el Gobierno metiéndose en los contenidos. Hay formas mucho menos agresivas e intrusivas pero, desafortunadamente, este tipo de lineamientos nos colocan del lado de los países autocráticos.
Fuente: Plano Informativo
