La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó el cierre definitivo de todas las escuelas privadas y planteles que operen en el País bajo el esquema de militarizadas, militares, castrenses o análogas, de cara al inicio del ciclo escolar programado para el próximo 31 de agosto. La Secretaría también dispuso la devolución inmediata de la documentación que acredite el nivel de estudio para permitir que los alumnos se integren a escuelas del sistema público regular. El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, instruyó a las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas realizar una revisión exhaustiva de todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) vigentes en sus respectivas jurisdicciones para clausurar los planteles que simulen instrucción disciplinaria de tipo militar. «En los casos en que se detecten instituciones que operen bajo este tipo de denominaciones o modalidades, procederá la suspensión de sus actividades y deberán iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva», indicó la dependencia a través de un comunicado. Delgado precisó que la formación castrense está legalmente reservada para la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), pues la rigidez militar es incompatible con los principios constitucionales de enseñanza pública y el Sistema Educativo Nacional. «La prestación de servicios educativos bajo denominaciones o modalidades de carácter militar resulta incompatible con los fines y principios del Sistema Educativo Nacional (SEN) toda vez que la educación militar se circunscribe a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional y es impartida de manera exclusiva por la Secretaría de la Defensa Nacional», recordó. En tanto, el funcionario pidió a las autoridades estatales exigir a los planteles la devolución de expedientes, certificados y documentos académicos para facilitar la reubicación de los alumnos, además del reembolso íntegro de cuotas, uniformes y reinscripciones cobradas por anticipado. La determinación oficial surge tras la muerte de la menor de edad Dafne Zapata durante un campamento de verano en una academia militarizada de Tamaulipas, y el caso de Chiapas, donde padres de familia denunciaron acoso, violencia y abusos en preparatorias bajo esta modalidad.
Fuente: Plano Informativo
