La Oposición exigió que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del proceso electoral federal y local del 2027 no se utilice con tintes políticos, al atacar o ‘inventar’ delitos a adversarios. El Consejo General del INE aprobó que dicho órgano esté presidido por Arturo Chávez, quien es consejero desde abril y cercano a la Presidenta Claudia Sheinbaum, y como integrantes a Norma de la Cruz e Uuc-Kib Espadas. Esto generó molestia de otros consejeros, quienes también criticaron que nazca sin lineamientos sobre sus facultades y operación. Dicha Comisión será intermediaria entre los partidos y el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales reportarán si algún aspirante representa un «riesgo razonable» por posibles vínculos con la delincuencia o es investigado por algún ilícito. La Oposición coincidió en que existe consenso en frenar la injerencia del crimen en la elección, pero exigió actuar con pruebas, no por sospechas. «El riesgo razonable no puede convertirse en un concepto indeterminado que permita excluir candidaturas con base en sospechas, percepciones o investigaciones inconclusas», afirmó el representante de Somos México, Roberto Cardiel. «Combatir la infiltración criminal es una obligación del Estado, pero combatirla nunca debe significar debilitar las garantías del Estado de derecho, porque cuando la justicia va a dejar de ser imparcial en lo electoral y comienza a ser selectiva va a dejar de ser justicia y convertirse en un instrumento del poder». Su homólogo del PAN, Víctor Hugo Sondón, coincidió en que la integridad de las candidaturas no puede quedar sujeta a interpretaciones discrecionales ni a decisiones que generen incertidumbre jurídica para los aspirantes. La Comisión, exigió, tampoco puede ser un instrumento para «legitimar» perfiles que tengan señalamientos públicos graves o investigaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada o actos de corrupción. «La discusión es si estamos dispuestos a sacrificar principios como la presunción de inocencia, el debido proceso y la distribución constitucional de las competencias para crear un mecanismo que, además de ser ineficaz, puede prestarse la discrecionalidad y el uso político», soltó el representante de MC, Juan Manuel Ramírez. ‘No juzgamos’ La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aclaró que el instituto no determinará el nivel de riesgo, pero sí se coordinará con las instancias adecuadas para entregar la información que ayude a los partidos a definir a sus candidatos. «El Instituto no puede correr ningún riesgo en términos de juzgar o no juzgar, porque no es nuestra materia la seguridad ni la definición de riesgos. Debemos de ser exageradamente cuidadosos para no caer en estos baches en los que por posiciones políticas o no, quisieran involucrar al instituto», advirtió. Los consejeros recordaron que los partidos enviarán al INE, de manera voluntaria, la lista de candidatos a diputados federales, gubernaturas, Alcaldías o congresos locales que quieran evaluar, y el organismo enviará la solicitud a las dependencias. Una vez que éstas entreguen la información, la procesarán y entregaran a los partidos, sin emitir ningún juicio y en total secrecía. Incluso, por ello no participarán partidos en la Comisión. También, alertaron que los partidos son responsables de elegir perfiles que no estén cuestionados, y el hecho de que las autoridades determinen un «riesgo razonable», tampoco los obliga a cancelar la candidatura. «El INE no selecciona candidatos o candidatas, eso lo hacen los partidos. Esta es una oportunidad para los partidos revisen sus mecanismos de selección de candidaturas. ¿Cómo van a tratar de evitar que haya intervenciones o que grupos indeseables o recursos ilícitos lleguen a sus campañas?», lanzó la consejera Norma de la Cruz. El consejero Martín Faz insistió en que ante los vacíos legales que dejó el Congreso, colocan al INE en una posición «delicada», pues no tendrá conocimiento ni podrá opinar sobre el reporte de las autoridades y si se determina que no hay riesgo y después resulta que el candidato sí tiene lazos con el crimen, se culpará al organismo. «Una advertencia de esta naturaleza, aun cuando formalmente no determine la elegibilidad ni la procedencia de un registro, puede incidir en la decisión de un partido político, afectar la reputación de una persona y limitar materialmente su posibilidad de ser postulado», aseguró. La consejera Carla Humphrey criticó su integración, pues aseguró que ella pidió formar parte de ésta, por experiencia en materia de fiscalización, pero se eligieron perfiles inexpertos en la materia. Antes, al cuestionarle si no había conflicto de interés en que Chávez presidiera la Comisión, afirmó que cualquiera de sus integrantes que tenga ese problema, deberá excusarse. «Las labores de este órgano tendrán un carácter exclusivamente técnico e informativo, no considerarán declaraciones de elegibilidad, no alterarán los derechos político-electorales ni podrán ser utilizadas para fines distintos a los previstos en la ley», argumentó Chávez, quien prometió que actuará conforme a la ley.
Fuente: Plano Informativo
