La Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, a reunirse con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) para atender sus inconformidades sobre los lineamientos de protección de los derechos de las audiencias. «Le pedí a Luisa María que pudiera entrar en contacto con la Cámara de Radio y Televisión, con todos aquellos que tienen dudas sobre la regulación y los lineamientos que se plantearon, que justamente están a consulta pública», informó. La organización empresarial ha advertido que algunos apartados podrían propiciar discrecionalidad en la aplicación de sanciones, afectar la libertad de expresión y abrir la puerta al control gubernamental de los contenidos. La CIRT pidió corregir o precisar disposiciones para evitar una regresión democrática y sostuvo que algunas de las multas previstas carecen de sustento legal. «Hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir o definir con pulcritud», señaló la Cámara esta semana. La propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) obliga a los concesionarios de radio y televisión a contar con un código de ética y designar a una persona defensora de las audiencias. También establece obligaciones para distinguir entre información y opinión, diferenciar la publicidad de los contenidos y atender quejas por la difusión de información falsa, descontextualizada o presentada fuera de su momento histórico. Este viernes, Sheinbaum sostuvo que las sanciones contempladas no recaerían sobre periodistas ni estarían relacionadas con el contenido de las transmisiones, sino con el incumplimiento de obligaciones administrativas. «Las sanciones no tienen nada que ver con el contenido de la comunicación, sino sobre las acciones que tienen que llevar a cabo como el nombramiento de un defensor de las audiencias», afirmó. La Mandataria puso como ejemplo que una empresa podría ser sancionada si incumple su obligación de nombrar al defensor, figura que sería seleccionada por el propio concesionario y recibiría las inconformidades de los radioescuchas o televidentes. Organizaciones como Artículo 19 han advertido que las disposiciones ambiguas sobre veracidad, diferenciación de contenidos y multas podrían permitir que el Estado intervenga como árbitro de la información. La Mandataria rechazó que las medidas puedan utilizarse para castigar a comunicadores y recordó que el documento todavía puede ser modificado como resultado de la consulta pública, que concluirá el 21 de agosto. «De ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación», aseguró. «Todo esto se va a aclarar para que no haya ninguna referencia a la censura y no tiene nada que ver con sancionar a un reportero. Imagínense, sería absurdo».
Fuente: Plano Informativo
