El avance del narcotráfico, la extorsión, el sicariato y otras expresiones del crimen organizado ha llevado a varios gobiernos de América Latina a entregar a las Fuerzas Armadas responsabilidades que tradicionalmente correspondían a las instituciones civiles, desde el patrullaje de las calles hasta la administración de cárceles y el control de territorios bajo estados de excepción. De acuerdo con un análisis publicado por El País, las experiencias de México, Ecuador, Perú y El Salvador muestran que el despliegue militar puede producir una contención inmediata de algunos delitos o elevar temporalmente la percepción de seguridad, pero también genera cuestionamientos por el uso excesivo de la fuerza, la acumulación de atribuciones castrenses y las denuncias de violaciones de los derechos humanos. La militarización aparece de manera recurrente cuando las policías son rebasadas por organizaciones criminales con capacidad económica, armamento y presencia territorial. Sin embargo, especialistas y defensores de derechos humanos advierten que las Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar amenazas externas o conflictos bélicos, no para desarrollar investigaciones, preservar escenas del crimen, reunir pruebas y detener sospechosos bajo reglas propias de la seguridad ciudadana. En Perú, la participación de los militares en el control interno ha sido reactivada en diferentes periodos de crisis política y violencia. Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que su presencia puede generar una sensación inmediata de protección, pero no garantiza una reducción permanente de delitos como el sicariato y la extorsión. “Los militares no están entrenados para funciones policiales, su misión principal es enfrentar amenazas externas o conflictos armados”, advirtió. La preocupación peruana se relaciona con los antecedentes de la guerra interna registrada entre la década de 1980 y los primeros años del presente siglo. La Comisión de la Verdad y Reconciliación calculó que 69 mil 280 personas murieron durante aquel periodo y atribuyó aproximadamente 30 por ciento de las víctimas a agentes del Estado, además de documentar una represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de terrorismo. La memoria de ese conflicto volvió a cobrar relevancia entre finales de 2022 y principios de 2023, cuando el Gobierno de Dina Boluarte recurrió a las Fuerzas Armadas para contener las protestas posteriores a la destitución de Pedro Castillo. Alrededor de medio centenar de manifestantes murieron por impactos de municiones letales, en medio de señalamientos contra la respuesta de las instituciones encargadas de restablecer el orden. La ampliación de las atribuciones militares en Perú podría alcanzar también al sistema penitenciario, ante las propuestas para permitir que las Fuerzas Armadas participen en la dirección y gestión de las cárceles. Sus críticos sostienen que el combate al crimen organizado requiere, en cambio, fortalecer a las policías, las fiscalías especializadas, la inteligencia financiera y los mecanismos de control penitenciario. Ecuador representa otro ejemplo de la entrega de funciones civiles a los militares. El 9 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno no internacional, luego de una serie de motines carcelarios, atentados con explosivos y el asalto armado a las instalaciones del canal TC Televisión durante una transmisión en vivo. La medida permitió desplegar soldados en las calles y entregar a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad ciudadana y control de los centros penitenciarios. Aunque en los primeros meses se registró una contención parcial de los homicidios, también comenzaron a circular imágenes de detenidos sometidos a castigos y humillaciones, seguidas por denuncias de muertes bajo custodia militar y posibles desapariciones forzadas. Durante 2024, la Fiscalía ecuatoriana abrió investigaciones por la desaparición de 43 personas presuntamente a manos de militares. Amnistía Internacional señaló que las pesquisas avanzaron lentamente y enfrentaron obstáculos relacionados con la falta de colaboración de integrantes de las Fuerzas Armadas, lo que aumentó las dudas sobre los mecanismos de rendición de cuentas. En México, la intervención castrense en la seguridad pública se consolidó desde el 11 de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón desplegó 6 mil 500 soldados mediante la Operación Conjunto Michoacán y declaró la ofensiva federal contra el narcotráfico. Desde entonces, los militares han mantenido presencia en las 32 entidades del país y han recibido nuevas funciones durante administraciones de distintos partidos políticos. El proceso continuó durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y se amplió considerablemente con Andrés Manuel López Obrador, pese a que una de sus promesas iniciales fue retirar gradualmente a los militares de las calles. En ese sexenio se creó la Guardia Nacional, integrada mayoritariamente por personal castrense, y las Fuerzas Armadas recibieron responsabilidades en aduanas, aeropuertos, obras públicas, hoteles y empresas turísticas. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha mantenido buena parte de esas atribuciones, por lo que los militares no solamente participan en operativos contra la delincuencia, sino que administran infraestructura, empresas y recursos públicos. Este crecimiento ha provocado cuestionamientos sobre la transparencia, la fiscalización de sus actividades y la dificultad de devolver esas funciones a autoridades civiles. El Salvador mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción promovido por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. El Gobierno sostiene que esta política permitió recuperar territorios y reducir la capacidad operativa de las maras, mientras organizaciones nacionales e internacionales denuncian detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones, violencia sexual y muertes bajo custodia estatal. La emergencia ha sido renovada de manera constante y ha suspendido garantías como el derecho inmediato a la defensa, los límites de la detención administrativa, la inviolabilidad de las comunicaciones y la libertad de asociación. Bajo ese esquema, la Fuerza Armada salvadoreña participa de forma permanente en patrullajes, cercos territoriales, registros e intervenciones junto con la Policía Nacional Civil. Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas han reportado más de 85 mil detenciones. Mientras el Gobierno presenta la disminución de la violencia como prueba de la efectividad de su estrategia, organizaciones civiles y organismos internacionales sostienen que miles de personas fueron privadas de la libertad sin pruebas suficientes ni garantías de debido proceso. Frente a estas experiencias, Costa Rica conserva un modelo diferente después de haber abolido el Ejército a mediados del siglo XX. Aunque el país enfrenta un crecimiento del narcotráfico y de los homicidios relacionados con disputas criminales, sus autoridades mantienen la responsabilidad de la seguridad en policías civiles, instituciones judiciales y mecanismos de cooperación internacional. El exfiscal general costarricense Francisco Dall’Anese afirmó que la intervención militar no representa una solución sostenible. “En otros países los ejércitos no han solucionado nada. La diferencia entre una operación con policía profesional en un marco de derecho y una militar es la misma que entre una cirugía láser y una carnicería. Es claro que meter militares a luchar contra grupos narcotraficantes genera una espiral de violencia. La solución es recuperar espacios ciudadanos, despedazar las redes criminales y llevar a juicio, no entrar en una supuesta solución efectista que se paga con galones de sangre”, señaló. El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, y el ministro de Seguridad, Gerald Campos, también han rechazado la creación de un ejército como respuesta a la crisis criminal. Ambos consideran que el problema debe enfrentarse mediante más investigaciones, condenas judiciales, inteligencia policial, recuperación de comunidades y desarticulación financiera de las redes delictivas. Chile y Argentina han mostrado igualmente una mayor resistencia institucional a utilizar a sus tropas como policías permanentes. En estos países persiste la idea de que la participación militar debe mantenerse limitada y sujeta a controles civiles, debido a las consecuencias que tuvo el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la política y la represión durante periodos autoritarios. Las distintas experiencias latinoamericanas muestran que colocar la seguridad pública en manos de militares puede ofrecer resultados visibles a corto plazo, pero no sustituye la investigación criminal, la procuración de justicia, la prevención social ni el fortalecimiento de las policías. La expansión de las atribuciones castrenses plantea además el riesgo de que medidas anunciadas como temporales terminen convertidas en políticas permanentes con escasa supervisión civil.
Fuente: Plano Informativo
