Personas privadas de la libertad en penales de la CDMX gastan hasta 35 mil pesos en celulares para extorsionar. Familiares de internos han señalado que el tipo de extorsión cambia de acuerdo con el lugar en donde se encuentran los internos. En la Torre Diamante del Centro Varonil de Santa Martha Acatitla, la Torre 1 del Centro Varonil de Penitenciaria I y la Torre 2 del Centro Varonil de Penitenciaria II, las extorsiones consisten en hacerse pasar por integrantes de grupos delictivos para exigir dinero a cambio de no dañar a las víctimas, indicó uno de ellos. También se emplea el modus operandi conocido como «El Chillón», en el cual participan varias personas: quien llama, y quien finge llanto para simular el secuestro de alguna persona y exigir un rescate. El costo en esos lugares por ingresar ilegalmente un celular es de hasta 35 mil pesos, monto que deben pagar al comandante de cada Torre. «Le dices ‘sabes qué jefe, quiero una línea’. Él dice ‘dame tus 35 mil pesitos’; te anotan, porque aparte te van a cobrar la renta cada semana (…), si tú no pagas, es castigo», indicó. El cobro había llegado a 50 mil por cada móvil ingresado, hasta que aumentaron la instalación de inhibidores de señal en los alrededores y las ganancias para los extorsionadores de prisión redujeron, explicó el familiar de un interno. Una vez que el móvil ingresa al penal, el costo semanal por mantenerlo asciende a cinco mil pesos, aunque antes de las medidas para contrarrestar el uso de celulares desde prisión, era de 8 mil, refirió. De igual forma, el familiar de los extorsionadores es quien se encarga de ingresar varios chips para que sean usados para las llamadas, para lo cual tienen que pagar una cuota. Una vez que logran «coronarse», es decir, que alguien ceda a la extorsión, deben pagar una comisión al comandante del lugar. Madres, esposas, tías y otras familiares de los extorsionadores son quienes reciben los pagos a sus cuentas bancarias. A estas personas se les conoce como contadores. Posteriormente, les piden ingresar dinero en efectivo a las prisiones para pagar a quienes permitieron el ingreso de los móviles, o bien, se pide que el pago sea transferido a familiares. Fuentes señalaron que entre las peticiones está que el monto sea depositado en determinados bancos, pues en estos es más complicado rastrearlo. Pagar el costo de la línea, el mantenimiento y dar comisiones no es garantía para conservar el móvil, cuando hay operativos son retirados y, quien quiere continuar operando, debe adquirir otra. «Ellos mismos (los comandantes) van, te catean, te lo quitan, te sancionan, aparte de que te sancionan o te cobran para no llevarte al castigo, después te vuelven a vender la línea o se la venden a alguien más», explicó. Se trata de un círculo vicioso que es sabido a voces, debido a lo redituable que es, aseguró.
Fuente: Plano Informativo
