El Gobierno federal investiga si las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, señaladas por presuntas irregularidades en contratos electorales millonarios, también obtuvieron adjudicaciones en dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, con miras a determinar si procede su inhabilitación. Durante la mañanera, la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que hasta el momento no se han localizado contratos federales con las compañías investigadas, pero aseguró que la revisión continúa y que las eventuales sanciones podrían extenderse a la Administración Pública Federal. «Estamos haciendo revisión a ver qué contratos pudieran haber aquí en la Administración Pública para revisarlos, pero hasta ahorita no hemos encontrado contratos», explicó. Buenrostro señaló que las empresas identificadas por la dependencia se han desempeñado principalmente como proveedoras de materiales electorales de organismos públicos locales, por lo que las investigaciones se concentran en las adjudicaciones realizadas por esas instituciones. La funcionaria explicó que, aunque se detecten irregularidades en las contrataciones electorales, la Secretaría Anticorrupción no puede inhabilitar automáticamente a los proveedores en el ámbito federal sin que se desarrollen los procedimientos correspondientes. Indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene a su cargo investigaciones sobre las contrataciones y que, mediante los convenios de colaboración existentes, las sanciones administrativas podrían hacerse extensivas a las dependencias federales. Cuestionada sobre el tema, la Presidenta adelantó que, mientras esas empresas se encuentren bajo investigación, no podrán obtener contratos de su Gobierno.
Fuente: Plano Informativo
