La Comisión Europea impuso este jueves dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por priorizar sus propios servicios en el motor de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de forma gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play. El Ejecutivo comunitario considera que ha infringido la ley de mercados digitales (DMA), que regula la libre competencia entre las grandes tecnológicas en la Unión Europea, y además de la sanción, le ha obligado a poner fin a estas prácticas en 60 días o de lo contrario, podría penalizarle con multas periódicas adicionales. Multas La primera de las sanciones asciende a 460 millones de euros por priorizar en los resultados de su motor de búsqueda sus propios servicios -tales como los de compras (Google Shopping), de búsqueda de hoteles, transporte y resultados deportivos -, frente a los de la competencia. Bruselas la acusa de destacar sus servicios en la parte superior de la página de resultados o de hacerlo mediante el uso de elementos visuales y filtros mejorados. La segunda de las sanciones es de 430 millones de euros por poner restricciones a los desarrolladores de aplicaciones móviles que usan Google Play para que deriven a sus clientes a sus páginas webs o a tiendas de aplicaciones distintas a Google Play para ofrecerles servicios más baratos que los que les pueden conceder a través de los productos de Google. La DMA permite a Google cobrar una tasa a los creadores de aplicaciones por cada cliente nuevo que obtengan a través de Google Play, pero la Comisión Europea considera que la cantidad es demasiado elevada. El Ejecutivo comunitario ha ordenado a la tecnológica cambiar sus prácticas en 60 días para tratar a sus rivales de forma «justa y no discriminatoria» en los resultados de búsqueda y permitir que los desarrolladores de ‘apps’ informen a los usuarios de ofertas más baratas. Si no lo hace, podría imponerle sanciones periódicas de hasta el 5 % de su facturación anual a nivel global. La cuantía de ambas multas es muy inferior a otras que le ha impuesto a la compañía, como la de 4.343 millones de euros en 2018 por abuso de posición dominante a través de su sistema operativo Android -que el Tribunal de Justicia de la UE rebajó después a 4.125 millones- o la de 2.424 millones en 2017 por priorizar sus servicios en Google Shopping. Ello se debe a que las nuevas sanciones no se han aplicado en base a las tradicionales normas antimonopolio, sino a la DMA, en vigor desde 2022, por lo que el periodo de la infracción -desde marzo de 2024 hasta diciembre de 2025- es relativamente corto y porque Google ya ha empezado a aplicar algunos cambios. Así lo explicaron a un grupo reducido de medios, entre ellos EFE, las vicepresidentas Teresa Ribera y Henna Virkkunen, encargadas de las políticas de Competencia y regulación digital, respectivamente. Estados Unidos Ante las posibles represalias que el presidente estadounidense, Donald Trump, pueda tomar contra la UE por las multas a Google, Ribera señaló que la Comisión Europea está «obligada» a cumplir las normas comunitarias y a hacer cumplir el derecho internacional, «que está siendo cuestionado en muchas partes». «No creo que a ninguno de nosotros, en la Comisión, se nos pudiera respetar si decidiésemos qué hacer porque alguien intente decirnos lo que tenemos que hacer o no hacer», añadió la vicepresidenta. Reacción de Google Google cuestionó la multa por considerar que «la DMA sigue perjudicando el funcionamiento de productos cotidianos», según dijo Kent Walker, Presidente de Asuntos Globales de Google y Alphabet, en un comunicado. «Para cumplir con la normativa, nos vemos obligados a eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian, como precios instantáneos y disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, y a desmantelar las medidas de seguridad de Google Play», añadió. «Esto no es competencia leal, es una degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de personas que se quejan por interés propio, perjudicando a las empresas y los consumidores europeos. La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos», continuó.
Fuente: Plano Informativo
