Ciudad Victoria, Tamaulipas/ Lupita Domínguez González
La actuación de una jueza civil de Tamaulipas se encuentra bajo investigación del Tribunal de Disciplina Judicial, luego de una denuncia que señala presuntas irregularidades en un procedimiento relacionado con la posesión de una camioneta.
La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Contreras López, confirmó que se presentó una queja y se practicó una auditoría al expediente para determinar si hubo anomalías durante el proceso judicial.
“Se ha presentado una queja ante el Tribunal de Disciplina, instancia que precisamente tiene ese propósito, se está haciendo la investigación, se ha hecho la auditoría en el expediente”, declaró.
El procedimiento involucra a Liliana Raquel Peña Cárdenas, jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, cuya actuación será evaluada junto con la del secretario de acuerdos, Anastacio Martínez Melgoza.
La denuncia fue presentada por Mayela de Jesús Carranco Narváez, quien acusa a su exsocio Ricardo Casanova Márquez de presuntas maniobras para quedarse con una camioneta Jeep Wagoneer, mediante documentos cuya autenticidad cuestiona.
Entre los señalamientos figuran la supuesta falsificación de la firma de Carranco Narváez en el endoso de la factura original y la presunta alteración de otro documento presentado durante el procedimiento.
La denunciante también señaló al notario público Claudio Díaz Flores y cuestionó la supuesta dispensa de una garantía económica, que, según su versión, habría dejado desprotegidos sus intereses ante posibles daños derivados de la medida judicial.
De acuerdo con la denuncia, documentos presentados ante el juzgado sustentaron una orden para localizar y detener el vehículo, acción ejecutada el pasado 15 de octubre en una agencia automotriz.
Contreras López precisó que no adelantará conclusiones mientras continúe la investigación.
“No puedo anticipar, dado que es materia de una queja, pero sobre este tema ya hay una investigación”, sostuvo.
La magistrada explicó que, una vez determinadas las posibles irregularidades, podrán establecerse medidas cautelares o sanciones, según corresponda.
Añadió que el tribunal ha emitido más de 300 determinaciones durante su primer año de funcionamiento.
