A partir de las 23:00 horas, una juez federal comenzará a resolver si vincula o no a proceso a Ernesto Ruffo Appel y otros siete imputados por el presunto contrabando de más de 2 mil 137 millones de litros de hidrocarburos, de los cuales fueron asegurados 18 millones. El daño al fisco asciende a 166 millones de pesos. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, alrededor de las 17:00 horas concluyó un debate de dos rondas entre los abogados de los imputados y los fiscales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), durante la audiencia que inició ayer a las 19:40 horas, a puerta cerrada y por videoconferencia. Acto seguido, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, decretó un receso de seis horas para preparar su resolución e iniciar su lectura cuando se reanude la diligencia. Por lo regular, en asuntos de esta naturaleza -casos relevantes con un gran volumen de información-, los jueces exponen su resolución durante dos a cuatro horas y no siempre adelantan el sentido del fallo al iniciar su intervención. La diligencia judicial ya suma más de 24 horas, aunque todavía es más corta que la audiencia inicial, que comenzó el viernes pasado y se prolongó durante 32 horas y media. La juez Ramírez determinará esta noche si vincula o no a proceso a los ocho imputados por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y un ilícito previsto en la Ley de Hidrocarburos, los dos primeros con prisión preventiva oficiosa. En caso de vincularlos a proceso, seis de los imputados permanecerán en prisión y dos continuarán el procedimiento bajo prisión domiciliaria, ya que los delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos ameritan prisión preventiva oficiosa. En ese escenario, Ruffo permanecería en el Penal del Altiplano, al igual que Ricardo Thompson Navarro, uno de los dueños de Servicios Portuarios, S.A. de C.V., y ex vocal de Ingemar, empresa de la que el ex Gobernador es socio fundador. En ese mismo penal también continuarían presos José Merino Valdés Cuervo, representante de Dragados y Puertos S.R.L. de C.V. y de Servicios Portuarios, S.A. de C.V., empresas accionistas de Ingemar, así como el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez y su dependiente autorizado, Luis Antonio Barrientos Juárez. En el Cereso de Nezahualcóyotl Sur, en el Estado de México, permanecería Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., empresa con sede en San Luis Potosí. Por su parte, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., serían los únicos que enfrentarían el proceso bajo prisión domiciliaria en sus viviendas de Saltillo, Coahuila. Según la imputación de la FGR, en 2025 Ingemar, empresa de la que Ruffo es accionista y fundador, importó 2 mil 137 millones 455 mil 156.22 litros de petrolíferos, mientras que Servicios Aduanales JR, S.A. de C.V., introdujo otros 225 mil 633 litros, sin contar con los permisos de la Secretaría de Energía. Del volumen total presuntamente introducido de manera ilegal, las autoridades federales aseguraron 18 millones 24.86 litros de hidrocarburos en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. El daño a la hacienda pública por estas operaciones asciende a 166 millones 466 mil 735.26 pesos.
Fuente: Plano Informativo
